El derecho humano a la salud se encuentra consagrado tanto en normativas internacionales como nacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las Naciones Unidad en 1948, hasta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. En dichos ordenamientos se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud e, incluso, a la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para la misma.
A la luz de lo anterior y toda vez que el artículo primero constitucional establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el Sistema Estatal de Justicia Cívica de Querétaro se constituye también como un garante del derecho humano a la salud de las personas infractoras de los reglamentos administrativos.
En aras de proteger el derecho humano a la salud, desde el inicio de operaciones del Sistema Estatal de Justicia Cívica de Querétaro en abril de 2023, el proceso normado obliga a llevar a cabo una valoración médica de la persona presentada ante el Juez Cívico y a emitir un parte médico en el que se señale si la persona se encuentra en condiciones físicas aptas para continuar con el proceso o, en su caso, si requiere atención médica inmediata. Toda la información generada con motivo del procedimiento anterior y de todo el proceso de la justicia cívica, es almacenada en el Sistema Informático de Justicia Cívica (SIJA) y analizada para los procesos de mejora continua y el desarrollo de políticas públicas
Derivado del análisis de la información del Sistema Informático de Justicia Administrativa (SIJA), a finales del año 2024 se detectó que durante los primeros 11 meses del año, en el municipio de Querétaro se registraron un total de 21,921 ingresos a los juzgados cívicos, por la presunta comisión de faltas administrativas, sin embargo, esos ingresos correspondieron sólo a 13,370 personas, es decir, de las 13,370 personas que ingresaron a juzgados cívicos, 11,027 son personas sin reincidencia (con un solo ingreso) y 2,343 son personas que han reincidido al menos en una ocasión. De lo anterior se concluye que el 49.6% de los ingresos a juzgados cívicos correspondieron a personas reincidentes, es decir, 2,343 personas representaron un total de 10,894 ingresos a juzgados cívicos.
Tras realizar una revisión de las faltas administrativas por las que dichos reincidentes ingresaron a juzgados cívicos, se encontró que cerca del 90% de los ingresos se debió a la infracción consistente en “Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias toxicas en lugares públicos”, lo cual aunado a la detección de casos críticos con más de 30 ingresos a Juzgados Cívicos en 11 meses, arrojó la conclusión de que un porcentaje significativo de los reincidentes padecía un problema de adicciones.
Con los hallazgos anteriormente mencionados, se estableció coordinación con el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) a efecto de diseñar y articular acciones que permitieran brindar la atención necesaria a los infractores de reglamentos cívicos con problemas de adicciones. La suma de esfuerzos inmediatamente se cristalizó con la suscripción de un convenio entre el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro a través de la Secretaría de Salud y el CECA, y los 18 municipios del estado, en el cual se acordaron los protocolos necesarios para lograr la detección profesional de personas que presenten síntomas de adicción a sustancias psicoactivas, a efecto de que sean atendidas mediante un tratamiento especializado, bajo la supervisión y seguimiento del Consejo Estatal Contra las Adicciones.
En la práctica, la política pública de protección a la salud de los infractores con problemas de adicción se materializa cuando en la presentación de un infractor ante el juzgado cívico, el médico adscrito detecta la problemática de adicciones mediante la aplicación de un tamizaje especializado diseñado por el CECA y, en caso de resultar positivo, el Juez Cívico en funciones, en lugar de sancionar como tradicionalmente se hacía, emite un Acuerdo de Protección al Derecho Humano a la Salud y da vista al Consejo Estatal Contra las Adicciones o a su homologo municipal, a efecto de que realice la valoración correspondiente y la canalización a la instancia de atención especializada correspondiente, todo con estricto apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
Desde diciembre de 2024 que se inició la operación de estas acciones, hasta el cierre de agosto del presente año, en todo el estado se han detectado y canalizado a centros especializados en el tratamiento de adicciones a un total de 546 personas, quienes derivado de sus adicciones representaban un riesgo para sí mismos y para la población en general.
Uno de los casos de éxito más loables de este programa, son las 50 personas que durante su tratamiento, gracias a la gestión del CECA, retomaron sus estudios y lograron concluir la primaria (28), secundaria (21) y bachillerato (1), lo cual evidencia que el Sistema Estatal de Justicia Cívica puede ser el punto de partida de una atención personalizada a las diversas problemáticas que condicionan a una persona para que cometa incivilidades de manera recurrente.
De esta manera, el Sistema Estatal de Justicia Cívica, con la invaluable colaboración de los municipios y el Consejo Estatal Contra las Adicciones, cumple desde otra arista con la función de promover la civilidad y la sana convivencia de las comunidades, privilegiando en todo momento el derecho humano a la salud de las personas que cometen faltas administrativas, sobre la imposición de una sanción, permitiendo su posible rehabilitación y su reincorporación a una convivencia social armónica en entornos seguros para toda la población.
Mtro. Héctor Miguel Hernández Velázquez
Enlace Operativo del Sistema Estatal de Justicia Cívica de Querétaro
